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DEC
2019

Estimados clientes, amigos y colaboradores,
Os informamos que en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16/05/2019 se publicó el Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, que entró en vigor el día 17 de mayo de 2019.

A continuación analizaremos los puntos básicos del nuevo Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas en Cataluña.

1. Aspectos relevantes del impuesto
El ámbito territorial de esta ley será la comunidad autónoma de Cataluña, y gravará la tenencia de determinados activos que se enumeran a continuación sitos en Cataluña:

-Bienes inmuebles
-Vehículos a motor con una potencia superior a 200 CV
-Embarcaciones de recreo
-Aeronaves
-Objetos de arte y antigüedades
-Joyas

Los sujetos pasivos del impuesto son, en términos generales, las sociedades (en concreto, las personas jurídicas) y entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, siendo necesario que, en ambos casos, tengan objeto mercantil.
El impuesto es exigible en toda Cataluña, entendiéndose situados en este territorio los bienes inmuebles allí ubicados, así como el resto de bienes sujetos cuando su tenencia corresponda a contribuyentes del impuesto con domicilio en Cataluña. Por lo tanto, cuando nos referimos a inmuebles, el impuesto puede sujetar a tributación a sociedades y entidades cuyo domicilio esté ubicado fuera de Cataluña.

Los activos contenidos en el listado anterior que cabe considerar como “improductivos” son, en primer lugar, aquellos que se encuentran cedidos a propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo, o a personas vinculadas a estos, cuando su uso se destine a fines privados, excepto que dicho uso suponga para el destinatario (cuando no haya contraprestación dineraria) una retribución en especie de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o cuando existiendo contraprestación dineraria, los destinatarios del activo que paguen un precio de mercado por la cesión del bien, trabajen de forma efectiva en la entidad tenedora del activo y perciban por ello una retribución superior al importe del precio de la cesión que ellos a su vez pagan a la entidad.
Por el contrario, el activo no se considerará “improductivo” si el destinatario del bien (del grupo de personas físicas o jurídicas referido anteriormente) destina su uso al ejercicio de una actividad económica y ha sido arrendado a precio de mercado.

Por último, también son “improductivos” aquellos activos que no están afectos a ninguna actividad económica y no son objeto de cesión.
En relación con estos últimos activos, y de forma similar a lo que sucede con la exención de empresa familiar del Impuesto sobre el Patrimonio, no se producirá la sujeción al nuevo impuesto si existen beneficios no distribuidos en la entidad que sean iguales o superiores al precio de adquisición de estos activos, siempre que dichos beneficios se hubieran obtenido en el mismo año de su adquisición o en los diez años anteriores. En este sentido, se asimilan los dividendos que procedan de participaciones en filiales que constituyan “cartera de control” (en esencia que se disponga, al menos, de un 5% de los derechos de voto en la participada y que esta desarrolle una actividad económica) y que los ingresos de la filial procedan, al menos en el 90%, del desarrollo del desarrollo de actividades económicas.
Existe la exención del impuesto para administraciones públicas y bienes inmuebles de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y en general actividades sin ánimo de lucro.

Aclarados el hecho imponible y los supuestos de sujeción, la base imponible estará constituida por la suma de los valores de los activos que se han mencionado más arriba, que será el valor catastral para los inmuebles y el valor de mercado para el resto de bienes. La tarifa para determinar la cuota íntegra es la del Impuesto sobre el Patrimonio que aplica a las personas físicas en Cataluña, es decir, desde un 0,210% hasta un 2,750%. Sin embargo, en este impuesto no hay mínimo exento ni límite de tributación conjunto renta-patrimonio.
Por otro lado, se establece una obligación de comunicación para galerías de arte, anticuarios y joyerías, que deberán informar de las adquisiciones efectuadas por personas jurídicas y entidades.

2. Antecedentes

En opinión del legislador, la utilización de este tipo de activos por socios, partícipes o personas vinculadas a estos suponía una práctica elusiva e insolidaria porque conducía a una pérdida de recaudación y a posibles desigualdades entre los contribuyentes. Por ello, el objeto del impuesto era gravar de manera progresiva estos activos “improductivos” en manos de personas jurídicas, con un fin redistributivo aunque también para incentivar un uso más productivo de los activos (contribuyendo a hacer de este tributo un impuesto eficiente).

Aunque el impuesto se creó hace dos años, con anterioridad a que este impuesto se pudiera liquidar por primera vez, esto es, en junio de 2017, el presidente del Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad, lo que originó su suspensión. El pasado mes de noviembre de 2018 el Tribunal Constitucional acordó levantar la mencionada suspensión y, en febrero de 2019, se publicó la sentencia que declara la constitucionalidad del tributo.
De forma breve, el tribunal (acogiendo en gran medida las alegaciones formuladas por la Generalitat de Cataluña) señala lo siguiente:

a) En primer lugar, que no hay duplicidad o solapamiento con el Impuesto sobre el Patrimonio porque ni coinciden los contribuyentes ni la finalidad de ambos tributos:
– En el Impuesto sobre el Patrimonio los contribuyentes son las personas físicas, mientras que en el Impuesto sobre Activos no Productivos lo son las personas jurídicas o determinadas entidades sin personalidad jurídica.
– El fin del Impuesto sobre el Patrimonio es gravar la mera propiedad de los bienes; mientras que el Impuesto sobre Activos no Productivos tiene una finalidad más allá de la puramente tributaria, como es incentivar un uso más productivo de determinados bienes.

b) No hay duplicidad con otros tributos de carácter local, como pueden ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, porque estos impuestos gravan la capacidad de pago derivada de su titularidad, mientras que el Impuesto de Activos no Productivos únicamente grava estos bienes en la medida en que se mantengan “improductivos” en una persona jurídica.

c) Por último, con respecto a una posible extraterritorialidad del tributo, es decir, sujetar a tributación elementos patrimoniales ubicados fuera de Cataluña, el Tribunal Constitucional señala que no se da al sujetarse únicamente los inmuebles “improductivos” ubicados en Cataluña y los bienes muebles “improductivos” de los que recoge la norma, titularidad de entidades domiciliadas en esta comunidad autónoma, con independencia de donde se encuentren físicamente.
Como consecuencia de todo lo anterior, la entrada en vigor del tributo (que se devenga el 1 de enero de cada año) se entiende producida en 2017.
3. Plazo de presentación
La principal novedad del Decreto Ley 8/2019 es que regula el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto, que se establece del 1 al 30 de junio de cada año, con la excepción de los tres años ya devengados (2017, 2018 y 2019), que deberán liquidarse, de manera extraordinaria, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de este año.
La presentación de la autoliquidación se tiene que realizar por vía telemática, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña. El ingreso se tiene que efectuar por alguna de las formas habilitadas por la Agencia Tributaria de Cataluña.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
Madeha El Harrak Regrag. Abogada.

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