11

NOV
2021

El culebrón de la plusvalía municipal. Guía para reclamar el impuesto

En los últimos días hemos desayunado con noticias de la plusvalía municipal. Primero fue el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre. Después, la publicación de la nota de prensa en la web del Constitucional que adjuntaba dicho borrador. Y finalmente, en el BOE del martes 9 de noviembre salió publicado el Real Decreto-ley 26/2021, de aplicación a partir de ayer, día 10, por el que se modifica la redacción de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y que habían sido expulsados del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. Todo ello en tiempo récord.
A pesar de que a fecha de hoy todavía no ha sido publicada la Sentencia del Tribunal Constitucional en el BOE, a la vista de las múltiples consultas realizadas por nuestros clientes, creemos necesario analizar los distintos supuestos que nos podemos encontrar y que analizamos en esta entrada.

Crónica de una muerte anunciada:
El 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando inconstitucionales y nulos varios artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos al sistema de cálculo de la plusvalía municipal, pero únicamente en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Posteriormente, en fecha 31 de octubre de 2019, declaró también inconstitucional los casos en los que la cuota a satisfacer por plusvalía municipal fuese superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.
Finalmente, la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, todavía pendiente de publicación en el BOE, declara inconstitucionales los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible de la plusvalía municipal, que impide su liquidación, comprobación, recaudación y revisión, y, por tanto, su exigibilidad.
A pesar de que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo al legislador ¡desde el 2017! que debe regular de nuevo la forma de cálculo del impuesto de plusvalía municipal, no ha sido hasta el pasado 26 de octubre, con la filtración de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que no ha tramitado una reforma de dicho impuesto en un tiempo récord.
Y, como no podía ser de otro modo, lo ha hecho a través de un Real Decreto-ley, alegando extraordinaria y urgente necesidad, cuando el Constitucional les viene advirtiendo de la necesidad de una nueva regulación desde el 2017…
Por mucho que la exposición de motivos del Real Decreto-ley pretenda justificar dicha urgencia y legitimar la regulación del sistema de cálculo del impuesto mediante dicho instrumento legal, lo cierto es que hubiera sido necesaria la tramitación por ley ordinaria, por tratarse de la creación o modificación substancial de un impuesto, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, con las garantías que dicha tramitación comporta, aunque ello hubiera supuesto un vacío legal durante meses que hubiera dejado sin liquidar las plusvalías que se hubieran devengado durante esta vacatio legis, dejando a los ayuntamientos, ni que fuera temporalmente, sin esta preciada fuente de ingresos para sus arcas.
Nuevo sistema de cálculo de la plusvalía municipal:
La modificación legal en vigor desde ayer introduce dos nuevos métodos de cálculo de la base imponible, de entre los cuales el contribuyente podrá elegir pagar el que menor cuota le arroje.
Sistema objetivo:
Así, en primer término, el Gobierno modifica el sistema objetivo tradicional para que tenga en cuenta la evolución del mercado inmobiliario y no sea la única vía de cálculo (que eran las dos exigencias del Constitucional). La base imponible, que antes se calculaba multiplicando el valor catastral del suelo por el número de años desde la compra y por un porcentaje (del 3% al 3,7%, según ese tiempo), pasa a estimarse ahora multiplicando el valor catastral por unos coeficientes que fijarán los ayuntamientos respetando unos umbrales máximos que Hacienda actualizará cada año por ley (previsiblemente en los Presupuestos). Estos varían en función del año de adquisición del inmueble, oscilando del 0,45%, para las compras realizadas hace 20 años o más; el 0,08% aplicado para las adquisiciones de los años de la crisis financiera (2008 a 2012); y el 0,14% para las ganancias obtenidas en menos de un año, para penalizar las operaciones de tipo especulativo. A partir de ahí, los Ayuntamientos podrán rebajar o elevar en un 15% los valores catastrales para adaptar el cálculo a la realidad local.
La cuota a pagar será el resultado de aplicar un tipo máximo del 30% a la base imponible obtenida.
Base imponible= valor catastral del suelo x coeficiente
Cuota a pagar= base imponible x tipo máximo del 30%

CÁLCULO PLUSVALÍAS

Cálculo alternativo: plusvalía real:
El cálculo alternativo equipara la base imponible a la plusvalía real obtenida como diferencia entre el precio de venta y el de adquisición del bien, teniendo en cuenta solo el peso del terreno sobre el valor catastral local.
En ambos casos, la cuota a pagar será el resultado de aplicar un tipo máximo del 30% a la base imponible obtenida.
Base imponible= valor de venta – valor de adquisición
Cuota a pagar= base imponible x tipo máximo del 30%
Ejemplo:
Vivienda adquirida en 2014 por 250.000 € y vendida en 2021 por 260.000 €, con un valor catastral de 100.0000 €, correspondiendo el 20% al suelo (20.000 €).
Sistema de cálculo objetivo Real Decreto-ley 26/2021:
Base imponible: 20.000 x 0,12%=2.400 €
Cuota: 2.400 x 30%= 720 €
Sistema de cálculo plusvalía real Real Decreto-ley 26/2021::
Base imponible: 260.000 – 250.000 = 10.000 x 20% (suelo) = 2.000 €
Cuota: 2.000 x 30% = 600 €
Este mismo ejemplo, según la normativa anterior (hoy no aplicable), la base sería de 4.900 € y la cuota de 1.470 €.
Además, la actual normativa introduce otras novedades, como son:
– Introducción de un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su Sentencia 59/2017. Para ello no podrán computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones. En el caso de herencias y donaciones, se tomará el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

– Tributación de las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, aquellas que se producen cuando entre la fecha de adquisición y la de transmisión ha transcurrido menos de un año (no sujetas hasta ahora).

– Los ayuntamientos disponen de un plazo de 6 meses para sus ordenanzas fiscales para adecuarla a la nueva normativa.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021
El pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional dictó Sentencia por la que declara inconstitucionales y nulos los artículos 107.1 2º párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica.
Dicha declaración de inconstitucionalidad supone la expulsión de dichos artículos del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto de plusvalía municipal y, por tanto, se exigibilidad.
Señala dicha sentencia que debe ser el legislador quien, en su ejercicio de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del artículo 31.1 de la Constitución.
Limitación de su alcance:
Lo más controvertido y cuestionable de este nuevo fallo del constitucional reside en la limitación de su alcance, por cuanto que da lugar a dos situaciones inauditas hasta ahora y, a nuestro entender, ilegales, como son:
– Por un lado, se limita el derecho de un contribuyente a impugnar una liquidación o rectificar una autoliquidación dentro del plazo previsto, lo que supone una limitación a la tutela judicial efectiva y una restricción de derechos por los que -se supone- debe velar nuestro más alto tribunal.

– Por otro lado, se retrotraen los efectos de la sentencia a la fecha en que fue dictada (26 de octubre de 2021), cuando una sentencia no puede tener efectos erga omnes sino desde su publicación en el BOE, tal y como señala el artículo 38.uno de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional (LOTC).
Veremos cómo queda redactada definitivamente dicha Sentencia (recordemos que todavía no ha sido publicada en el BOE y que, por tanto, hasta entonces puede sufrir alguna variación en su redactado), pero, en principio, no deja de sorprendernos que el propio Tribunal Constitucional limite el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene como misión tutelar.
Análisis de distintos supuestos:
El Real Decreto-ley 26/2021 publicado ayer en el BOE no ha resuelto las dudas sobre la transitoriedad en la reforma introducida en la plusvalía municipal. Ello significa que la nueva normativa no tiene efecto retroactivo y, por lo tanto, que no se aplica hasta el día siguiente de su publicación, esto es, a partir del 10 de noviembre.
¿Y qué sucede con las plusvalías devengadas antes del 10 de noviembre?
Según el artículo 109 de la Ley de Haciendas Locales, la plusvalía se devenga en el momento en que se produzca la transmisión de la propiedad del terreno, lo que, a efectos prácticos, sucederá, en la mayoría de supuestos: (i) el día en que se firme la escritura de compraventa del terreno o vivienda, en el caso de compraventa, o (ii) el día del fallecimiento, en el supuesto de transmisiones mortis causa (herencias).
No debe confundirse el devengo del impuesto con el plazo que hay para liquidarlo o autoliquidarlo, que es de 30 días hábiles en el caso de las compraventas y 6 meses desde el día de la defunción, en el caso de las herencias.
En nuestra opinión, al no regular el Real Decreto ley ninguna norma transitoria, entendemos que las transmisiones cuya plusvalía se ha devengado entre el 26 de octubre (fecha en que se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional) y el día 9 de noviembre quedarían exentas, por no haber normativa alguna que permita el cálculo del impuesto en la fecha del devengo.
¿Y qué sucede con las plusvalías devengadas antes del 26 de octubre de 2021?
A nuestro entender, estas plusvalías no pueden ser calculadas en base a la regulación del Real Decreto-ley 26/2021, porque no puede tener efectos retroactivos, y tampoco se pueden calcular en base a la normativa anterior por cuanto que ha sido declarada inconstitucional, y aunque la Sentencia del Constitucional no tenga efectos hasta el pasado 26 de octubre (según el propio Tribunal), los ayuntamientos no pueden liquidar una plusvalía en base a unos artículos que han sido declarados inconstitucionales y han sido expulsados del ordenamiento jurídico.
Sentado lo anterior, nos podemos encontrar ante varias situaciones:
1. Posibilidad de revisar liquidaciones o autoliquidaciones devengadas y liquidadas:
Si se trata de liquidaciones en plazo de recurso (1 mes desde que fue notificada la liquidación) o de autoliquidaciones practicadas dentro de los últimos 4 años que no han sido revisadas ni sobre las que se ha instado un procedimiento de rectificación, si atendemos a la limitación contenida en el fallo filtrado, no cabría plantear la rectificación de las mismas alegando simplemente la inconstitucionalidad de la regla de cálculo.
No obstante, según nuestro criterio, dado que dicha sentencia no puede tener efectos erga omnes hasta su publicación en el BOE (hecho que todavía no ha acontecido), y mientras ello no suceda, SI que cabría la posibilidad de recurrirlas o de instar su rectificación, solicitando, en su caso, la devolución de lo pagado, siempre que: (i) en el caso de las liquidaciones, se esté dentro del plazo de 1 mes desde que fue notificada, para interponer recurso de reposición; o (ii) en el caso de las autoliquidaciones (sistema más habitual, sobre todo en grandes municipios), se esté dentro del plazo de prescripción de 4 años desde que se presentó la autoliquidación y esta no hubiera sido objeto de comprobación o de otro procedimiento de rectificación planteado por el mismo motivo y que ahora hubiera adquirido firmeza.
Una vez publicada la Sentencia en el BOE, entendemos que se tratarán de situaciones consolidadas contra las que no cabría solicitar la rectificación o instar recurso en base a la inconstitucionalidad declarada en la Sentencia del Tribunal Constitucional, y ello sin perjuicio de poder instar recursos o solicitudes de rectificación por cualquier otro motivo distinto del que plantea el Tribunal en su sentencia, es decir, en casos en los que no haya incremento o éste resulte confiscatorio, podríamos seguir planeando recursos y rectificaciones.
2. Transmisiones que devengan el impuesto respecto a las que aún no se haya practicado autoliquidación o liquidación
En los casos de transmisiones recientes o inminentes que den lugar al devengo del impuesto, hay que recordar que la Sentencia del Constitucional solo anula la fórmula de cálculo, no el impuesto en sí, por lo que nos podremos encontrar ante varias situaciones:
2.1. Si ya se ha producido la transmisión y se está en plazo para comunicar o autoliquidar el impuesto, pero finaliza antes de la publicación del fallo en el BOE: en este caso, aunque jurídicamente no se puede atribuir efecto alguno a la nota de prensa del Tribunal Constitucional hasta que no se publique la sentencia en el BOE, puede presentarse una comunicación de la transmisión a efectos de cumplir con la obligación de comunicar establecida en el artículo 110 de la Ley de Haciendas Locales, declarando la transmisión como exenta por cuanto no puede liquidarse según la normativa del Real Decreto-ley 26/2021 porque no tiene efectos retroactivos, y tampoco puede liquidarse según la normativa anterior porque ha sido declarada inconstitucional.

2.2. Si se ha efectuado la comunicación, pero no se ha recibido la liquidación: Recomendamos presentar un escrito declarando la exención del impuesto habida cuenta que no puede liquidarse según la normativa del Real Decreto-ley 26/2021 porque no tiene efectos retroactivos, y tampoco puede liquidarse según la normativa anterior porque ha sido declarada inconstitucional, y aunque la Sentencia del Constitucional no tenga efectos hasta (según el Tribunal) el pasado 26 de octubre, los ayuntamientos no pueden liquidar una plusvalía en base a unos artículos que han sido declarados inconstitucionales y han sido expulsados del ordenamiento jurídico.

2.3. Si ya se ha producido la transmisión, pero disponemos de un plazo amplio para comunicar o autoliquidar: recomendamos esperar a la publicación de la Sentencia del Tribunal constitucional antes de presentar el escrito de comunicación declarando la transmisión como no sujeta. Recordemos que disponemos de un plazo de 30 días hábiles para comunicar las transmisiones, salvo en los casos de herencias, en los que disponemos de un plazo de 6 meses desde la fecha de la defunción. Caso de que nos vaya a vencer el plazo sin que se haya publicado la Sentencia del Constitucional, recomendamos presentar la comunicación en plazo según lo dicho en el punto 2.1 anterior.

Como pueden observar, la casuística es múltiple y variada, por lo que les recomendamos encarecidamente contacten con nosotros a fin de que podamos asesorarles para cada caso concreto.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,
AF Afianza asesores, S.L.

Comments are closed.